Publican artículo de la Dra. Ana Calderón Sumarriva - La ficha de evaluación de riesgo en los procesos de violencia contra la mujer, Escuela de Altos Estudios Jurídicos EGACAL, capacitación jurídica

Publican artículo de la Dra. Ana Calderón Sumarriva - La ficha de evaluación de riesgo en los procesos de violencia contra la mujer

18 de Abril de 2020

La ficha de evaluación de riesgo es un instrumento utilizado en los procesos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar con la finalidad de establecer no solo la condición de riesgo leve, moderado y severo para la víctima, sino también decidir la urgencia en la tramitación (disponer de la medida sin audiencia previa) y el tipo de medidas de protección a favor de la víctima y contra el presunto agresor. Hace algunos días nuestro Tribunal Constitucional expidió sentencia respecto al Expediente No. 03378-2019-TC, en el que examinó cómo en este procedimiento que da mérito a las medidas de protección no se da lugar a que la parte demandada ejerza su derecho de contradicción. El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo contenida en dicho expediente al resaltar que no existía vulneración al derecho de defensa.

Las medidas de protección dictadas a favor de víctimas van a importar medidas transitorias, variables, pero adoptadas con un fin especialmente preventivo. Para el agresor, estas medidas importan la restricción o privación de derechos (algunos fundamentales), tales como el retiro del hogar en común, el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima o de la comunicación por cualquier vía. Tales medidas implicarán para él un mayor o menor grado de aflicción, siendo la medida más severa el retiro del cuidado de los hijos o personas bajo situación de vulnerabilidad. Nuestra reflexión va dirigida a la importancia de respetar el debido procedimiento, principalmente cuando se establece mediante la ficha de evaluación de riesgo que este es severo, lo que conllevará a resolver, sin audiencia previa, la imposición de medidas de protección que, por estricta proporcionalidad, también serán severas.

En el caso materia de comentario, el Tribunal Constitucional no solo concluye que los derechos fundamentales no son absolutos y que es posible la restricción o injerencia del derecho de defensa justamente a favor de otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, sino también subraya el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia. Además, justificó que en caso de “riesgos severos” para la víctima, el juez de familia podía disponer las medidas correspondientes sin oír al demandado y sin que este pueda defenderse o contradecir objetivamente los resultados de la ficha.

Creemos que el carácter transitorio de estas medidas refuerza la idea de la necesidad de corroborar el riesgo que surge de esta ficha de evaluación, que finalmente es solo un test, con las declaraciones, documentos, exámenes médicos, psicológicos y en algunos casos psiquiátricos. Parece que la lucha contra la violencia, que es responsabilidad de todos, tiene muchas explicaciones para adoptar medidas como las que se cuestionaron en este caso. Sin embargo, no esperamos de nuestros tribunales explicaciones cargadas de intereses o ideologías, sino más bien razones que permitan construir un Estado Constitucional estable que responda a la necesidad de corroboración de un juicio que solo es preventivo y donde lo provisional no puede convertirse en definitivo, salvo que se demuestre la culpabilidad con certeza. En esta línea de pensamiento, las medidas la protección deberán mantenerse o cesar, pero siempre con una motivación asaz que justamente nos permita ver, en el caso concreto, la valía de haber sacrificado el derecho de defensa.





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